Al Pueblo peruano [y a los pueblos del mundo]:

La Unión Socialista Libertaria (USL) expresa su repudio total al plan de genocidio en marcha contra los luchadores sociales, plasmado en la masacre acontecida en la ciudad de Bagua, en la Selva peruana (5 y 6 de junio), donde han caído abatidos por balas de las asesinas fuerzas especiales de la Policía Nacional, casi un centenar de pobladores, entre nativos, campesinos, trabajadores y estudiantes (miserablemente el gobierno dice que solo han sido 9 o 12 indígenas muertos), que se hallaban protestando en el marco de una huelga general en la región que empezó el 9 de abril, exigiendo la Derogatoria de una serie de Decretos Legislativos dictados no por el Congreso sino por el propio Gobierno central, y que son lesivos a su propia subsistencia como comunidades originarias. La propia Defensoría del Pueblo emitió recientemente un informe en el que concluye que los decretos legislativos son inconstitucionales.

El segundo gobierno aprista, encabezado nuevamente por el ya reincidente genocida Alan García Pérez (aun está pendiente su juzgamiento por ordenar la masacre perpetrada por la Marina peruana contra presos políticos recluidos en varias cárceles de Lima, en junio de 1986, durante su primer gobierno), a sangre y fuego ha impuesto los mandatos del Imperialismo norteamericano, en el marco de la implementación del TLC. Esto es, la venta de los territorios donde durante miles de años han desarrollado su cultura y democracia comunal los pueblos originarios del Perú, a las transnacionales hambrientas de más poder y territorios.

Lamentablemente, el viernes 5 de junio del 2009 será una fecha que jamás olvidaremos nosotros los libertarios de Latinoamérica. Al igual que en otras luchas emprendidas por comunidades originarias contra las políticas neoliberales del capitalismo imperialista, acalladas a sangre y fuego (Los Awá en Colombia, los Mapuches en Chile, las poblaciones originarias en Atenco, Oaxaca y Chiapas en México, etc.) las fuerzas represivas del Estado han desatado una nueva masacre al disparar contra miles de pobladores y nativos indefensos, provocando la ira popular, y generando un enfrentamiento desigual donde la peor parte la ha llevado la masa de manifestantes que participaban de protestas, tomas de locales y bloqueos de carreteras, si más armas que sus puños, sus consignas, piedras y palos contra bombas y balas del Estado.

La derecha peruana, con la vergonzante comparsa del periodismo amarillista y pro-gobiernista, se rasga hoy las vestiduras “lamentando” la muerte de casi una docena de policías de la DINOES (cuerpo especial armado hasta los dientes y especializados en tácticas anti-subversiva), a manos del pueblo, que respondió así al primer gran zarpazo con el ametrallamiento y bombardeo desde helicópteros y por vía terrestre.

Ahora los políticos burgueses exigen la mayor sanción posible y que se respete el “principio de autoridad”. Es decir, piden mayor genocidio y despojo contra el pueblo que protesta por sus derechos y su dignidad.

El libreto ya estaba marcado

En el Congreso, el debate por la derogatoria del nefasto Decreto Legislativo 1090, también llamado la Ley de la Selva, que consagraba el despojo legal de las tierras de las comunidades indígenas en favor los intereses de las transnacionales depredadoras del medio ambiente, fue suspendido el jueves 4 de junio por la votación mayoritaria de la bancada aprista.

Para el día siguiente ya se alistaba en las oficinas de la Procuraduría del Ministerio de Justicia, la orden de detención contra el principal dirigente de la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), el compañero indígena Alberto Pizango, principal vocero de los “Apus” de las comunidades originarias en pié de lucha. Y ese mismo día, en horas de la madrugada, la Policía Nacional del Perú, a través de un contingente de 639 efectivos de la DINOES empezó el ataque a la población civil sublevada.

En respuesta el pueblo se lanzó a las calles a apedrear e incendiar los locales de las instituciones estatales más odiadas e incluso el local del reaccionario partido de gobierno. Entonces, la represión fue inmisericorde.

Sospechosamente, entre la mayoría de los muertos figuran los principales representantes de diversas comunidades (entre los muertos figuran, por ejemplo, los “Apus” de la étnia awajun Felipe Sabino César y Mateo Inti, además al dirigente del Comité de Lucha de Condorcanqui, el aguaruna-huambisa Santiago Manuin, ganador del premio Reina Sofía como defensor de la naturaleza y de los derechos humanos, a quien la Policía Nacional del Perú, tras acribillarlo, lo dio por muerto y abandonaron, pero luego apareció en el Hospital de Bagua), lo cual lleva a concluir que se ha tratado de un operativo de aniquilamiento contra las propias etnias, planeado al detalle. Esto, en buena cuenta, es un genocidio.

Mediante Decreto Supremo 035-2009-PCM (05 Junio del 2009), se ha ampliado el Estado de Emergencia dictado en Mayo, a todo el departamento de Amazonas, a la provincia del Datem del Marañón del departamento de Loreto; así como a las provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, por los graves hechos de violencia producidos en diversas localidades del departamento de Amazonas. La Constitución Política del Perú, en el Capitulo sobre Régimen de Excepción, Artículo 137º, establece que en situación de Estado de Emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del Orden Interno, y quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de reunión y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Los nativos peruanos en pie de lucha, en huelga indefinida, y con el apoyo de gremios y sindicatos de trabajadores de las ciudades, no son terroristas ni guerrilleros, son simples ciudadanos que protestan por el avasallamiento de sus derechos a la tierra y a la libertad de organizarse sin temor a ver su medio ambiente -al que culturalmente están unidos- ser aniquilado por la devastación del “progreso” que pregonan las transnacionales bajo la mascarada de traer “inversión externa”. Y sus dirigentes más notorios no son figuras autoritarias con intereses políticos burgueses: Son simples delegados que representan ante las instancias de poder estatal, la voz de las comunidades.

Ya ha trascendido a la prensa que la orden de detención contra Pizango fue producto de una serie de presiones desde el Ejecutivo, según a revelado el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. Según refirió el magistrado, la jueza Norma Carvajal resolvió la madrugada del sábado 6 el mandato de detención contra el presidente de Aidesep por los hechos sangrientos de Bagua.

Sin embargo, Pizango tuvo que pasar a la clandestinidad, mientras Shampion Noningo asumía la función de interlocutor del AIDESEP. Posteriormente, cuando la prensa reaccionaria se arrancaba los cabellos por no haber podido delatar a tiempo a Pizango, este obtuvo el asilo por razones humanitarias en la Embajada de Nicaragua. Un nuevo perseguido político del régimen aprista.

Solidaridad Libertaria Internacional

Nuestra Organización viene coordinando con otros movimientos, colectivos, federaciones, etc., anarquistas o de tendencia libertaria para coordinar una campaña de denuncia internacional y apoyo solidario con movilizaciones, mítines y demás acciones. El Pronunciamiento Internacional y las firmas pueden verse en nuestro Blog. Invitamos a que más personas se sumen a la campaña y hacer sentir nuestro respaldo a esta lucha que es nuestra lucha.

¡TODOS SOMOS AMAZÓNICOS!

atte.
Profesor D. Maximiliano Bascur Astroza